Son muchísimas las críticas que se hacen contra el
sistema tributario colombiano, particularmente por su complejidad, su
ineficiencia en cuanto al costo mismo de tributar y su manera de desestimular
la creación de empresa. No es fácil cumplirle al fisco en Colombia y mas
allá de la intención misma de evadir o eludir, muchos de los
incumplimientos se generan por la imposibilidad práctica de hacer seguimiento
correcto a cada una de las obligaciones y que se traducen en la perdida de
rentabilidad empresarial, de un lado por el pago de sanciones y de otro por el desgaste
que implica que la gerencia este ocupada en el elemento accesorio que es el
pago de impuestos y descuida su verdadero núcleo de negocio.
En el siguiente artículo publicado en La República
del 9 de julio de 2013 se hace una buena exposición de la situación aludida.
Colombia necesita un sistema tributario simple y práctico (I)
Contribuir
al financiamiento de las cargas públicas de la nación es una obligación
constitucional que recae sobre todos aquellos que cumplan los
presupuestos normativos que configuran tales cargas, pero no son pocas
las veces en las que los empresarios, sean estos experimentados, sean
nuevos o estén planeando serlo, manifiestan su sorpresa cuando se les
advierten los múltiples deberes tributarios que tendrán que atender por
disposición de la ley.
Y
es que no es fácil explicarle a un empresario, actual o en potencia,
que la cantidad de declaraciones tributarias que tiene o tendrá que
presentar en un momento establecido apremiantemente por la ley asciende a
alrededor de cincuenta (50) por año, contando declaraciones de
impuestos nacionales y territoriales. Este número intimida al empresario
y lo lleva a pensar, no solo en los riesgos y consecuencias que puede
acarrear un error en el cumplimiento de estas obligaciones formales,
sino también en la carga operativa y el sacrificio de horas productivas,
además de recursos económicos, que se necesitan para cumplir con la
ley. Lo anterior sin hacer observaciones en el esfuerzo financiero que
se hace por concepto del pago de algunos impuestos que implican un gasto
que impacta la rentabilidad de las empresas y la competitividad de las
mismas frente a empresas que evaden sus obligaciones tributarias, o que
por alguna razón legal no tienen que pagarlos.
Este escenario complejo en materia fiscal, y sabemos que no es el
único, está opacando el interés de las personas en hacer negocios. El
panorama actual de difíciles reglas y requisitos fiscales desmotiva a
inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y ya sabemos lo
relevante que es la inversión para un país, tal como lo ha referido el
actual ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas S. en
el libro “Introducción a la Economía Colombiana” pagina 49 cuando
expresa que “una baja tasa de inversión es sinónimo de bajo crecimiento
(…) no cabe duda que la relación entre inversión y crecimiento es
solida”. Lo anterior sin desconocer la responsabilidad que le pueda
caber al sistema tributario como detonante de las tasas de informalidad
empresarial, discusión que se empieza a plantear abiertamente y de lo
cual da cuenta el libro “Recaudar no basta” del BID, pagina 106 y
siguientes.
Es necesidad sentida de los empresarios, los negocios y el mercado,
una política de racionalización de trámites y obligaciones fiscales
inspirados en similar filosofía a la que sirve de fundamento al Decreto
19 de 2012, donde se dijo que se expedía esta norma con “el objeto de
facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las
autoridades que cumplen funciones administrativas, contribuir a la
eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros, los principios
de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, se requiere
racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios
contenidos en normas con fuerza de ley”. Frente al por qué de la
inflación y complejidad de la normatividad fiscal podrían darse muchas
respuestas, pero ensayemos estas: tal vez el sistema tributario
desconfía de los contribuyentes y en el camino sacrifica la simplicidad,
estabilidad jurídica y económica que requiere el mercado, además de la
inobservancia del principio constitucional de la buena fe; otra posible
respuesta es que se le están asignando tareas y misiones al sistema
tributario que escapan de su propósito constitucional, como por ejemplo
cuando a través de normas tributarias se intenta fiscalizar el pago de
aportes a seguridad social y parafiscalidad, tanto de asalariados como
de independientes, temas importantes claro está, pero los cuales
deberían ser objeto de control a través de otro grupo normativo, no de
las fiscales.
Juan Pulgarin Acosta
Asesor tributario
No hay comentarios:
Publicar un comentario